150 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL VENEZOLANAS MANIFESTARON PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN DE DDHH EN VENEZUELA DURANTE SESIÓN DE ADOPCIÓN FINAL DE RECOMENDACIONES DEL EPU POR PARTE DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS

Venezuela aceptó 97 recomendaciones y rechazó 52 relativas a garantizar independencia del poder judicial, libertad de expresión, protección de defensores y diálogo democrático por intromisión de la comunidad internacional en asuntos internos

Hoy, 15 de marzo, se llevó a cabo la última sesión del primer examen sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 7 de octubre de 2011 se realizó el diálogo interactivo y la consignación de 199 recomendaciones al Estado venezolano, en el que participaron más de 70 Estados miembros de la ONU.

El Estado venezolano aceptó 97 recomendaciones (la mayoría por estar en curso o implementadas) y rechazó 52 recomendaciones por considerarlas de “intromisión internacional o extranjera en asuntos internos y en la soberanía y autonomía nacional”, en su mayoría referidas a corregir faltas de urgente atención en cuanto a las garantías de independencia del poder judicial, libertad de expresión y protección de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.

En informe recogido por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, el Estado venezolano expresó sus razones para el rechazo de las 52 recomendaciones del siguiente modo:

“Venezuela no aceptó recomendaciones que están bajo el desconocimiento de su independencia, soberanía y que se inmiscuyen en sus asuntos internos; tampoco ha aceptado recomendaciones llenas de mala intención y mal fundamentadas según la realidad que vive la población venezolana en la consolidación del respeto, promoción, realización y primacía de los derechos humanos en las políticas públicas que se están implementando.

Algunas recomendaciones fueron aportadas de manera vaga, sin sustento, haciendo caso omiso del EPU presentado y de la gran cantidad de aportaciones realizadas por los movimientos sociales y ONG antes de que el Estado venezolano consignara el Informe del EPU en julio 2011;

Muchas de las recomendaciones rechazadas pretendieron darle órdenes al Estado venezolano, están plagadas de difamaciones y son contrarias a los DDHH para el buen vivir del pueblo venezolano, quién se ha dado como proyecto histórico la construcción del socialismo bolivariano para superar los desafíos aún existentes en materia de DDHH”.

En esta sesión final, el Estado venezolano realizó su declaración y participaron 10 Estados (Cuba, Nicaragua, Vietnam, China, Uruguay, Argelia, República Dominicana, Irán, Ecuador y Siria), los cuales resaltaron sus fuertes lazos de unión con Venezuela y los avances que el Estado venezolano a informado en materia de desigualdad social y protección de derechos humanos, en contra del capital internacional.

Asimismo tomaron la palabra 12 instituciones interesadas y ONG, entre las cuales participaron Foro por la Vida y Sinergia en nombre de 150 organizaciones de la sociedad civil venezolanas, a fin de manifestar al Consejo y la comunidad internacional su preocupación por situaciones de severa restricción y vulneración de los derechos humanos en el país, y por el rechazo a recomendaciones de altísima importancia para garantizar su vigencia y cumplimiento conforme a las obligaciones nacionales e internacionales del Estado venezolano, así como a las normas para ocupar puestos en el Consejo, al que Venezuela aspira.

Entre situaciones de alta preocupación se encuentran:

1. El Estado no ha autorizado las solicitudes de visita hechas por 6 mecanismos especiales, ni avanzó en la invitación hecha a la Alta Comisionada en octubre de 2011; tampoco ha autorizado las solicitudes de visita del Relator para Venezuela de la Comisión Interamericana, desde 2003.
2. Todas las recomendaciones dirigidas a garantizar la independencia del sistema judicial fueron rechazadas, como ha ocurrido con las reiteradas solicitudes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de poner en libertad a la Jueza María Lourdes Afiuni, detenida arbitrariamente desde diciembre de 2009.
3. Ninguna de las decisiones de la Corte Interamericana desde 2005 ha sido acatada e incluso el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado “inejecutable” varias de ellas. El rechazo de recomendaciones relacionadas con las garantías a la libertad de expresión y al trabajo de defensores, junto con la aplicación de leyes y prácticas discriminatorias hacia ellos y organizaciones de sociedad civil, ponen en duda la intención del Estado de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos.

Asimismo, las 150 organizaciones realizaron un urgente llamado de atención y ratificaron su disposición al diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones a:

1. La gravísima situación de violencia: para fin de 2011, la tasa de homicidios se estima en más de 6 por cada 10.000 habitantes; en las cárceles fue de 123 por cada 10.000 reclusos.
2. La sistemática criminalización de protestas sindicales y sociales y la impunidad en los casos de asesinatos de sindicalistas y de ejecuciones extrajudiciales.
3. Las amenazas y restricciones a los derechos humanos de indígenas, de personas necesitadas de protección internacional y de personas LGBT.
4. No se ha formulado el Plan Nacional para la Protección de los DDHH de las Mujeres y Niños, Niñas y Adolescentes.
5. Aunque rechazó la recomendación 95.7, el Estado debe formular el Plan Nacional de Derechos Humanos, conforme a la Declaración de Viena, en amplia consulta con organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las que son críticas de la gestión gubernamental.